La Fundación Guillermo Toriello – FGT – al cumplirse 32 años de la Masacre de la Embajada de España en Guatemala expresa su solidaridad con familiares de las víctimas, con las organizaciones y sectores afectados que todavía tienen una carga de dolor por este hecho. Considera que es un tiempo especial para seguir exigiendo justicia y reparación que estos hechos requieren a nivel nacional y universal. La verdad ha sido suficientemente expuesta, no puede ser tapada con subterfugios.
Ese crimen de lesa humanidad nos sorprendió la mañana del 31 de enero a todos y a todas, a propios y extraños. A pesar de lo brutalmente represivo que se había mostrado el ejército en el caso de Panzós, en casos de dirigentes políticos y sociales y comenzaba a serlo contra campesinos y catequistas en Chajul (El Quiché), nunca pasó por nuestra imaginación que el Estado de Guatemala llegara a cometer un crimen de tales dimensiones internacionales, y de tal atropello a sus ciudadanos. Posteriormente nos daríamos cuenta que no había límite a esa criminalidad y prácticas del Estado encabezado por el ejército y alentado por grupos poderosos cómplices y activos en los mismos hechos.
Es necesario reafirmar desde nuestra memoria vigilante y activa la lucha por los derechos individuales y colectivos. Estos no tienen marcha atrás. Los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales son la plataforma base para las trasformaciones del país si se llevan efectivamente a todos los rincones del suelo y de la población guatemalteca. En el caso de Guatemala están plasmados en los Acuerdos de Paz.
La voz diversa de los masacrados en la Embajada de España llama a mantener viva la indignación por este hecho y por las masacres que fueron sucediendo posteriormente; pero especialmente llama a comprometerse en la lucha por los derechos. Nos llama a exigir al Estado, a sus instituciones a cumplir con su responsabilidad de garantes del cumplimiento de los mismos. Los ciudadanos y ciudadanas, las comunidades y las organizaciones sociales, son llamados a no permitir la mínima tolerancia ante violación a estos derechos contra nadie en ninguna parte del territorio nacional.
Guatemala, 31 de enero 2012
