• El Estado de Guatemala es responsable de todos los hechos de violencia que redundan en violaciones de derechos humanos de las comunidades que defienden su derecho al territorio en tanto que al no regular ni respetar el derecho de consulta consagrado en el Tratado de la OIT 169 y que es ley de la República genera las condiciones de frustración y abuso que se registran en Santa Cruz Barillas y otros lugares de Guatemala.
  

• La respuesta del Estado ante la constante oposición de la población de Santa Cruz Barillas y su Alcalde fue reafirmar permisos de construcción y apoyar la imposición del proyecto hidroeléctrico Hidro-Santa Cruz a través de la intervención del Ejército de Guatemala en el conflicto y la criminalización de la dirigencia. Asimismo, la empresa ha utilizado su poder económico y de contratación de personal de seguridad que desarrolla acciones de violencia en contra de las comunidades y sus líderes. Por otra parte, la inacción del juzgado de paz y de la Fiscalía de Santa Eulalia, en Huehuetenango genera el clima de impunidad.
  

• La respuesta de algunos miembros de la comunidad a través del uso de la violencia (destrucción de propiedad, robo de armas, agresiones a miembros del Ejército) ante las constantes agresiones y violaciones de la Empresa se explica ante la ausencia de diálogo y respeto del Estado de Guatemala; pero no se justifica.
  

• El asesinato del Sr. Andrés Francisco Miguel y las lesiones graves en contra de Pablo Antonio Pablo Pablo y Sebastián Esteban Bernabé ocurridas el día 1 de mayo del 2012 constituyen un acto de provocación por parte de aquellos que ordenaron dicha agresión ya que se sabía que era el día de la Feria y que sería muy fácil una reacción violenta. Esta provocación se da en el marco de llamados a la instauración de Estados de Sitio para la reducción de la conflictividad social y el impulso de proyectos.
  

• El atentado en contra de Pablo Antonio Pablo Pablo es una violación al derecho de defender derechos humanos debido a qué el Estado de Guatemala genera el marco para que actores privados actúen.
  

• El Estado de Sitio colocado en el Municipio de Santa Cruz Barillas, el 3 de mayo del 2012 viola el principio de proporcionalidad o razonabilidad y de ad hominem. Además su mantenimiento, al ya no existir la causal esgrimida por el Estado en los hechos del 1 de mayo, produce una violación del principio de temporalidad.
  

• El Estado de Sitio impulsado por el Gobierno de Otto Pérez Molina ha incurrido en un número elevado de violaciones de derechos humanos ya que la Ley de Orden Público no permite ni la destrucción de propiedad, ni los golpes, ni la violencia sexual, ni el secuestro de documentos, ni allanamientos sin cumplimiento de los procesos judiciales, incluida la notificación. De esa cuenta todo lo actuado y cualquier evidencia obtenida con los allanamientos no son admisibles en juicio.
  

• Se aprecia que el Estado de Sitio no tiene como objeto responder a los hechos del 1 de mayo sino generar terror ya que se aplicaron una serie de acciones que responden al actuar del Ejército durante la contrainsurgencia. Se evidencia que la división entre hombres, mujeres y niños; la toma de fotografías a personas y documentos de identidad, el robo de bienes y daño a la propiedad, rodear a las comunidades y mantener patrullas en el entorno de las viviendas busca revivir las vivencias del conflicto armado interno, generando un control poblacional y territorial.
  

• De nuevo se vuelve a utilizar al Ejército para los intereses de las inversiones millonarias de minería frente a los intereses de las comunidades indígenas quienes en base al derecho de consulta garantizado en el convenio 169 han expresado su derecho a preservar sus recursos naturales.
  

• Los estados de excepción han sido utilizados por los últimos gobiernos para justificar acciones de seguridad y que los resultados en todos los casos han sido magros y el costo beneficio es muy grande derivado de las restricciones a las libertades individuales y el debilitamiento de las instituciones civiles responsables de seguridad.
  

Ante esta situación le exigimos que:

1. La Corte de Constitucionalidad o al Ejecutivo que anule el Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas ya que los hechos que lo suscitaron ya no están presentes y se violan principios de temporalidad, proporcionalidad y temporalidad.

2. El Ejecutivo retire de las acciones de seguridad ciudadana del municipio de Santa Cruz Barillas al Ejército de Guatemala y fortalezca la presencia y calidad de la Policía Nacional Civil, quien es el encargado de velar por la seguridad pública.

3. El Ministerio Público investigue a fondo las denuncias previas, los hechos de violencia del 1 de mayo y los hechos posteriores para deducir las responsabilidades de autores materiales, de funcionarios públicos por acción u omisión y las posibles responsabilidades intelectuales. Asimismo que investigue las denuncias de violencia sexual.

4. Las instituciones de justicia ejerzan un rol más claro y contundente en la defensa de las garantías, no puede ser que frente a los campesinos y los pueblos indígenas se opere con mucha efectividad y frente a otros casos se sea ciego o inefectivo.

5. Las autoridades del Estado retome la discusión sobre la aplicación del derecho de consulta y mientras esto se hace se congelen todos los proyectos que han sido objetados por comunidades indígenas. Alejándose así de las respuestas de criminalización y militarización de la respuesta de la conflictividad social.

6. Los organismos internacionales de derechos humanos se pronuncie sobre la situación que se vive en Santa Cruz Barillas y mantenga la vigilancia y presencia en el lugar para prevenir de acciones futuras de violaciones de derechos humanos.

• Asociación Seguridad en Democracia – SEDEM
  
• Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas – CAFCA
  
• Centro de Estudios de Guatemala – CEG
  
• Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos – CIIDH
  
• Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
  
• Concejo Ecuménico de Guatemala
  
• Equipo Comunitario de Acompañamiento Psicosocial – ECAP
  
• Fundación Guillermo Toriello
  
• Fundación Sobrevivientes
  
• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG
  
• Movimiento Tzum Kim Pop
  
• Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala – ODHAG
  
• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala- UDEFEGUA
  
• Sector de Mujeres
  
• Asociación El Refugio de la Niñez
  

Guatemala, 16 de mayo de 2012

Las personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, del territorio y de la naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el futuro de nuestros pueblos, nos vemos en la obligación de exigir al Presidente de la República que aclare los sucesos ocurridos los días 2 y 3 de mayo en Santa Cruz Barillas y que suspenda el Estado de Sitio vigente en ese municipio.

Desgraciadamente, los hechos ocurridos en Santa Cruz Barillas reafirman nuestra postura política de que este es un gobierno de corte militarista y autoritario, que está en función de los intereses económicos de grupos oligárquicos nacionales y transnacionales. Para impulsar estos intereses, el gobierno recurre al convencimiento, a la cooptación y división de las comunidades y a la represión institucional.

Usted sabe, señor Presidente, que en 2009 se estableció la empresa española Econer-Hidralia, que se reconvirtió en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto CAMBALAM. Este proyecto se instalará en un área utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal

Las comunidades afectadas por el mencionado proyecto no habían sido consultadas como establece la ley, por lo que tomando la iniciativa organizaron sesiones de información y consulta. El resultado de estas consultas fue el rechazo a la construcción de la hidroeléctrica, decisión que se desarrolló en actas comunitarias que se presentaron al Concejo Municipal. El 4 de julio de 2011 se abordó la situación en una reunión con presencia del Alcalde y el Concejal Tercero de la Municipalidad de Barillas y autoridades comunitarias en la que se determinó nuevamente la negación a la construcción de la hidroeléctrica y se levantó el acta 09-2011 de la Municipalidad de la Villa de Barillas.

La empresa empezó sus actividades sin ningún respeto por la voluntad expresada formalmente por las comunidades y la Municipalidad de Barillas. Además, en ningún caso la Municipalidad de Barillas ha autorizado las licencias de funcionamiento para la actividad de la empresa.

La empresa, además de intimidar con el uso de la fuerza, se dedicó a denunciar legalmente a líderes y gentes que no querían vender sus tierras. En 2011 la empresa contrató seguridad privada con lo que la zozobra, la inseguridad y la

confrontación fueron aumentando, hasta que la población se vio obligada a llevar a cabo diferentes tipos de protesta frente a la empresa.

En enero de 2012, las nuevas autoridades municipales convocaron a la empresa para buscar una solución a la situación, pero cinco días después, y sin avisar, empezó a llegar la maquinaria pesada.

Viendo como se ignoraba su voluntad, las comunidades volvieron a expresar por escrito su rechazo a la hidroeléctrica exigiendo el respeto sus decisiones y a la legislación vigente en el manifiesto del 30 de marzo 2012 dirigido al Alcalde y al Concejo Municipal de Barillas.

Es decir, desde hace tres años se vive en Santa Cruz Barillas una situación de tensión por la decisión de la empresa de llevar a cabo los trabajos, sin respetar la voluntad de las y los vecinos, intentando manipular y comprar las voluntades de algunos líderes e intimidando a la población con exhibición de fuerza (armamento y explosivos)y el uso perverso del sistema de justicia. Hechos que se denunciaron ante la Policía Nacional Civil.

En este contexto es cuando al iniciar la feria titular del municipio, don Andrés Francisco Miguel, don Pablo Antonio Pablo y don Esteban Bernabé fueron emboscados cuando salían de la cabecera municipal hacia Santa Rosa, su comunidad y les dispararon, don Andrés Francisco resultó muerto. Era uno de los líderes comunitarios que no vendió su tierra, pese a las presiones recibidas por la empresa Hidro Santa Cruz. En 2010, Don Andrés Francisco interpuso una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por persecución e intimidación de parte de la empresa.

Dado el ambiente de tensión existente, muchos pobladores interpretaron esta ejecución como un paso más en las estrategias intimidatorias de la empresa. El asesinato del líder comunitario, exacerbó los ánimos y produjo una natural respuesta de indignación. Como consecuencia, 5mil personas fueron a buscar a los miembros de la seguridad y al no hallarlos, fueron al destacamento militar donde se rumoreaba que se escondían. A partir de ahí, se desarrollaron los hechos públicamente conocidos en los que probablemente participaron personas ajenas a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, con la intención de generar caos y perjudicar las luchas de las comunidades.

Ante esta situación, usted, señor Presidente, decretó el Estado de Sitio y envió 400 policías y 500 militares a ese remoto municipio. Las detenciones y los cáteos no se hicieron esperar, y las fuerzas del orden empezaron a circular listas de sospechosos a los que buscaban. El Ministro de Gobernación y usted mismo, Señor Presidente, negaron ante la prensa cualquier vinculación de la muerte de don Andrés Francisco y la reacción de la población, achacándolo a la ebriedad

propia de la fiesta y después a la provocación por parte del crimen organizado. Pese a ello, las organizaciones de Santa Cruz Barillas denuncian que se está criminalizando la resistencia social. Nos preocupa la situación de las personas detenidas, temiendo especialmente por las mujeres dados los abusos contra sus vidas y cuerpos que históricamente han sido cometidos por las fuerzas de seguridad. Con esta suspensión de las garantías constitucionales ustedes buscan implementar en Santa Cruz Barillas un estado de terror, argumentando la presencia de narcotráfico como una cortina de humo que oculta el verdadero conflicto de trasfondo.

Señor presidente, nos indigna que en su gobierno se esté profundizando la militarización, la persecución y el terror como política pública, y el uso del Estado para la defensa de la agenda económica y de competitividad del empresariado nacional y transnacional.

Ante estos hechos, Señor Presidente, queremos manifestarle nuestra profunda preocupación por varios motivos:

• Los hechos de Santa Cruz Barillas no son los primeros en que, cuando la población organizada se opone a proyectos lesivos, se responde usando la fuerza y torciendo la ley de forma reiterada e impune por parte de las empresas. Y cuando se da una reacción por parte de la población, las autoridades se olvidan de estos antecedentes y se les acusa y criminaliza como "maleantes", utilizando además toda la fuerza pública y de la ley. Así pasó en Livingston en 2008, en San Juan Sacatepéquez en 2009, en el Polochic en 2011, en Regadíos, Cunen a inicios de este año.

• En muchas comunidades de Guatemala se dan situaciones de tensión y se incrementa la conflictividad ante la presencia de empresas que imponen sus intereses impunemente, sin tener en cuenta la voluntad de los habitantes de los lugares. La impresionante participación y unanimidad de las consultas comunitarias de buena fe no puede ser desconocida bajo ninguna circunstancia por la actuales autoridades. Mucha gente se siente engañada por la falta de respeto a la voluntad colectiva expresada en las consultas.

• El recurso al Estado de Sitio no asegura que se resuelvan las causas que llevaron al hecho conflictivo, lo mismo que la presencia de brigadas militares en las áreas en pugna con los intereses comunitarios sólo asegura la "paz" de los fusiles. Los cáteos, las listas negras y las detenciones arbitrarias recuerdan a los peores momentos del Estado contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

Por eso, ante los graves hechos ocurridos en Santa Cruz Barillas, exigimos que de forma inmediata:

1. Se solicita al Congreso de la República la no ratificación de la entrada en vigencia del Estado de Sitio.

2. Se anule el Estado de Sitio y se reintegren las garantías constitucionales a todos los habitantes de Barillas.

3. Se libere a todas las personas que están en poder de la policía y el ejército y que no se les pueda probar delito alguno.

4. Se comience una investigación real y exhaustiva para dar con los responsables del asesinato de don Andrés Francisco Miguel y del ataque a don Pablo Antonio Pablo y don Esteban Bernabé.

5. Se garantice la seguridad de todos los líderes hombres y mujeres y gente movilizada que ha sido denunciada y/o amenazada por la empresa Hidro Santa Cruz.

6. Se asegure el respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas dirigentes y activistas comunitarias que en este momento son amenazadas o permanecen encarcelados por defender sus territorios.

7. Se garantice la propiedad privada de las familias comunitarias por parte del Estado guatemalteco, ante las amenazas y presiones de la empresa Hidro Santa Cruz, la cual violenta los derechos de personas guatemaltecas e invade las tierras campesinas.

8. Se reconozca la validez y los resultados de las consultas comunitarias llevadas a cabo en Barillas en relación a la Hidroeléctrica, y unas 61 consultas más realizadas hasta ahora en todo el país. El Convenio 169 de la OIT, el Código Municipal y la misma Constitución de la República avalan la lucha de los pueblos indígenas por defender su territorio.

9. Se suspenda la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en cuenta.

10. Se dé paso a un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
11. Que el gobierno de la República cumpla su obligación de defender a sus ciudadanos y no a las empresas.
12. Que finalice la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus derechos y su territorio.

Guatemala, 8 de mayo de 2012

La situación de las comunidades indígenas donde están asentados los pueblos originarios de Guatemala, se está agravando y conflictivizando día a día en la medida que la Madre naturaleza y los bienes que contiene es acaparada y explotada sin control por grandes empresas en función de intereses ajenos y externos a las comunidades. Se viene reconcentrando la tierra en los últimos diez años en grandes empresas para destinarla a la producción extensiva de agro-combustibles. Lo mismo sucede con la ocupación de amplios territorios por parte de grandes hidroeléctricas y de explotación minera que se imponen con el pretexto del desarrollo y del empleo. Este empleo y desarrollo nunca llegan para la población y el poco que llega es sumamente precario y desprotegido, sin respeto a los derechos laborales elementales regulado en distintos tratados.

Estas políticas apoyadas por el gobierno, y distintas entidades financieras reducen los territorios donde vivir, trabajar y garantizar el derecho a la alimentación para la población. Por otro lado destruyen la vida de las comunidades. Estas políticas son violatorias de los derechos de los pueblos originarios y discriminan a las comunidades en su propia tierra. Y cuando estas se organizan y exigen sus derechos son perseguidas, desalojadas violentamente y criminalizadas. Esto es inaceptable, tiene que ser atendido y resuelto. Las comunidades y las organizaciones tienen derecho a hacer consultas y participar en la decisión sobre el destino de los bienes naturales que el convenio 189 de la OIT les garantiza.

Esta marcha ejemplar es un grito y clamor por la tierra, por el desarrollo rural integral, por la solución pacifica y en derecho de una conflictividad agraria que las comunidades campesinas y las organizaciones no han generado. Es una marcha para hacer oír sus derechos y buscar soluciones reales, creíbles y sostenibles.

El actual gobierno y la institucionalidad creada desde los Acuerdos de Paz, debe asumir un papel activo en la solución de estos reclamos y la conflictividad agraria. La sociedad en conjunto esperaría que no se atrase más esta agenda y que se resuelva en el marco del respeto a los derechos de las comunidades. Si solamente se miran, defienden y garantizan los intereses de los empresarios de siempre y de los inversionistas, no se va a resolver la conflictividad agraria y social que es el centro de la demanda de esta marcha. Una forma concreta de manifestar la voluntad de avanzar en la solución a esta demanda es que desde el Congreso se resuelva de una vez por todas la Ley de Desarrollo Rural Integral que resume muchas de las pacificas pero irrenunciables reivindicaciones de la población rural de

Guatemala Marzo 2012

Conocemos muy bien el papel jugado por la cooperación de Suecia en el proceso para llegar a la paz en Guatemala y a su difícil consolidación. Nos duelen e indignan estos ataques provenientes de un núcleo de generadores de opinión que no quisieron entender y menos asimilar el proceso de paz y la necesidad de inclusión.

Las raíces coloniales y racistas están vivas en este pensamiento petrificado.

Nuestro reconocimiento y gratitud al esfuerzo de la cooperación del pueblo y gobierno sueco con Guatemala.

Guatemala, 9 de marzo 2012

En el ciento dos aniversario de su conmemoración, las mujeres guatemaltecas y los pueblos están viviendo el acaparamiento en los territorios por los empresarios transnacionales y nacionales que profundiza el empobrecimiento e impacta negativamente la vida de las comunidades y más aún la de las mujeres.

Además, las medidas y acciones que las nuevas autoridades de gobierno están implementando, facilitan el avance de los megaproyectos, a pesar de las consultas comunitarias en las que se ha expresado el rechazo a la expropiación, exploración y explotación de los bienes naturales.

La FGT expresa que el incremento de la militarización y el control de la población, así como, los desalojos y la criminalización de las luchas sociales y de las mujeres, es una clara violación a los Acuerdos de Paz, a pesar que son Acuerdos de Estado.

Asimismo rechaza, la centralización institucional que están impulsando las nuevas autoridades de gobierno porque constituye un retroceso, la interrupción de procesos y mecanismos de participación social con respecto a la institucionalidad para el avance de las mujeres como la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM y la Defensoría de la Mujer Indígena DEMI.

La FGT se solidariza y valora las luchas de las mujeres en lo local, nacional y mundial por las transformaciones y emancipación de las opresiones que viven en el capitalismo, el patriarcado y el racismo.

Un poco de Historia

En este año se conmemoran 102 años de las luchas a través de la declaración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, propuesta realizada por Clara Zetkin en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1,910 en Copenhague, Dinamarca; iniciándose así la celebración de esta fecha en varios países del mundo.

Generalmente se relaciona el origen de esta fecha con una huelga en el año 1857, cuando 129 mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Nueva York, Estados Unidos exigen la reducción de la jornada de trabajo y el mejoramiento de las condiciones laborales. A lo largo del siglo se produjeron otras huelgas en Europa como en América, en las que participaron activamente las mujeres trabajadoras.

En marzo de 1911, se produce otra huelga de trabajadoras textiles, donde murieron más de 140 mujeres trabajadoras, la mayoría migrantes. Estas luchas coinciden con el movimiento iniciado por las mujeres socialistas por su derecho al voto.

La historia registra otras importantes luchas de las mujeres trabajadoras. El 8 de marzo de 1917 en Rusia las mujeres obreras de las fábricas textiles iniciaron una huelga que encendería la chispa de la huelga general que desembocó en la revolución de 1917.

Es hasta en 1975, Año Internacional de la Mujer cuando las Naciones Unidas a propuesta del movimiento de mujeres, toman la decisión de reconocer el 8 de marzo, como día dedicado al reconocimiento de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

Cuándo inicia la conmemoración del 8 de marzo en Guatemala

Desde 1987, se inicia la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por los grupos organizados de mujeres que existían a la fecha, algunas escritoras y periodistas escribían notas sobre dicho acontecimiento, entre ellas podemos mencionar a Luz Méndez de la Vega, que en ese tiempo escribía para el periódico El Imparcial.

Eran años todavía difíciles para las mujeres pues la represión existente generaba temor y las expresiones públicas eran limitadas. En 1994, se organiza la primera caravana coordinada por más de 20 organizaciones que recorre las principales avenidas de la cuidad capital.

A partir de esta fecha, las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales iniciamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer para impulsar la lucha y defensa de nuestros derechos.

Guatemala, 6 de marzo de 2012

que hemos realizado, teniendo en cuenta las definiciones

de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,

con gran consternación, la CEH concluye que,

en el marco de las operaciones contrainsurgentes entre el 1981 y 983,

en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala

cometieron  actos de genocidio en contra del pueblo maya”

(Sr. Christian Tomuschat, coordinador del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico).

Al conmemorar el Día de la Dignificación de las Victimas del Conflicto Armado Interno, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas,  y   con los hombres, mujeres, niños y niñas que, por distintas circunstancias, sufrieron penalidades incalculables durante la guerra que vivió Guatemala en el siglo pasado. Especialmente, nos solidarizamos y acompañamos el trabajo de todos aquellos y aquellas que sin temor y sin descanso luchan por la dignificación, reparación y justicia especialmente de  las comunidades mayas, víctimas del Genocidio.

Nuestra solidaridad hoy con los lideres  y organizaciones sociales que desde la memoria inclaudicable defienden los intereses de los pueblos; y siguen luchando  contra “la estructura y las naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales, así como el racismo y el cierre de los espacios de participación, factores que determinaron el origen del enfrentamiento armado”  según lo constata  el Coordinador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico al entregar su informe a la sociedad  guatemalteca.

Un informe que debiera sacudir la conciencia de nuestra sociedad.

Estamos cumpliendo trece años  de la  entrega a la sociedad guatemalteca de los resultados de la investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Este informe conmovió al mundo, sacudió a la mayor parte de nuestra sociedad y nos comprometió  en la búsqueda de “la  verdad, la justicia, la reparación y el perdón como los pilares de la consolidación de la paz y la reconciliación  nacional”.

Si embargo hasta la fecha dicho informe no ha calado y ha esclarecido la conciencia de nuestra sociedad como debiera, especialmente en los jóvenes. Desde grupos de poder se distorsiona y se   ocultan las explicaciones sobre las raíces y los hechos del conflicto, expuestas con una lucidez histórica inapelables. El Programa Nacional de Resarcimiento que sintetiza sus compromisos del Estado guatemalteco  se aleja de los objetivos para los cuales fue creado.

Algunos grupos de exagentes del estado y de grupos económicos   atacan, desconocen o se distancian  de la verdad expuesta en dicho informe con transparencia  y objetividad inapelables. Pretenden revertir lo irreversible y ponen obstáculos  por medio de acciones mediáticas y jurídicas fuera de contexto al conocimiento de la verdad. Quieren desviar por caminos tortuosos la justicia que emanan del mismo.

Reparación integral

Nos sumamos a las voces  de organizaciones que demandan  que el Programa Nacional de Resarcimiento  (PNR)  reoriente sus objetivos con la intervención y consulta a las víctimas del conflicto armado interno, para que exista una verdadera reparación integral. Esperamos que sea un instrumento que trabaje seriamente en la dignificación y no la utilización de las víctimas. Se requiere de personas idóneas para llevar a cabo este propósito y no intereses políticos partidistas. Vemos con suma preocupación cómo el PNR ha ido abandonando la aplicación de la política de resarcimiento colectivo integral, y que su funcionamiento ha ido en detrimento de las víctimas.

Se requiere del Congreso de la República que agende y apruebe la ley del Programa Nacional de Resarcimiento, incluyendo las observaciones remitidas por las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil tomando en cuenta los lineamientos y estándares internacionales en materia de reparación por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Que apruebe la iniciativa de ley 3590 para la creación de la Comisión de Búsqueda de personas Víctimas de Desaparición Forzada.

Exigimos al gobierno de Guatemala  que abra y no restringa las fuentes y archivos de información pública para conocer la verdad y así  agilizar el camino a la justicia.

Solidaridad con las organizaciones sociales y comunitarias

Finamente manifestamos la preocupación  por las amenazas contra organizaciones sociales y comunitarias que fieles a la memoria  hoy defienden los bienes de sus  territorios y exigen su derecho a ser parte de las decisiones sobre su destino. No se puede restringir ni reprimir los derechos de los pueblos. No se puede contraponer el desarrollo nacional  al cumplimiento de los derechos  humanos  económicos sociales y culturales de las personas y de los pueblos. Ambos se complementan. Cuanto más ejercicio y cumplimiento  de los mismos, más desarrollo para los pueblos de acuerdo a los índices del desarrollo humano.

En el aniversario de una fecha  tan fundamental  para la dignificación de las Victimas de Conflicto, se pueden abrir  caminos para  la reconciliación  y consolidación de la paz en nuestra sociedad por medio de la verdad, la reparación y la justicia que pueden tener nuevas oportunidades si hay una voluntad clara  y decida del gobierno de la república en avanzar en estos procesos y una sociedad civil  que cada día esclarezca su conciencia sobre lo ocurrido en el pasado, se movilice y presione para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Guatemala, 24 de febrero 2012.

Otto Pérez Molina

Presidente de la República de Guatemala

Mauricio Bonilla

Ministro de Gobernación

Julio Rivera Clavería

Viceministro de Gobernación

Sergio Morales Alvarado

Procurador de los Derechos Humanos

Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh)

Barcelona, 20 de febrero de 2012

El Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad- Universidad Politécnica de Catalunya (GIDHS), observa con profunda preocupación los hechos ocurridos en las poblaciones de Sansiguán, Cunén y Los Regadíos (Uspantán, Quiché) dentro de los conflictos socioambientales generados por los proyectos hidroeléctricos impulsados por la empresa italiana ENEL (represas Palo Viejo I y II).

En el occidente de  Guatemala se han realizado más de 50 consultas comunitarias que han expresado con claridad el rechazo a las actividades mineras y a la construcción de hidroeléctricas. Estas consultas, realizadas también en los municipios arriba mencionados, se hallan avaladas por la legislación internacional en referencia a los derechos de los pueblos indígenas (Convenio núm. 169 de la OIT, Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas)-

Pese a ello, las actividades de la empresa ENEL han seguido su curso, acompañadas de distintas formas de agresión y persecución de las personas movilizadas en defensa de los recursos naturales de sus territorios. En noviembre de 2011, la comunidad El Regadío fue atacada por miembros de la seguridad privada del Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL.

Lejos de garantizar la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, el Estado guatemalteco ha actuado exclusivamente en favor de los intereses empresariales y de la oligarquía local. La criminalización de la protesta social se ha erigido como única respuesta, hecho que se constata con las declaraciones del Viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, que menciona que los pobladores y las organizaciones que los apoyan  “tienen vínculos con el contrabando, el crimen organizado y el narcotráfico”. Sin duda, este tipo de discursos recuerda en exceso las viejas prácticas gubernamentales del tiempo del conflicto interno, que llevó al asesinato y desaparición de miles de personas, en su mayoría indígenas, acusadas falsamente de pertenecer a grupos subversivos.

Del mismo modo vemos con especial preocupación los señalamientos que desde el Ministerio de Gobernación se hacen en torno a un ciudadano español al que se pretende vincular con el crimen organizado y el contrabando. Sin mencionarlo, el Ministerio hace referencia al ciudadano español de origen catalán Ricardo Busquets, quién ha trabajado como cooperante con el Comité de Unidad Campesina (CUC), organización legalmente establecida y que forma parte de la asociación campesina internacional La Vía Campesina. Busquets, quien colabora además con distintos medios informativos en Cataluña, ha asumido tareas de comunicación, por lo que su labor consiste en filmar con video las actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas.

Por este motivo hacemos un llamado al Estado guatemalteco, en su conjunto, y especialmente al gobierno del presidente Otto Pérez Molina para que:

1. Priorice, de acuerdo con las exigencias de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos, el diálogo y los mecanismos de consulta para la resolución de los conflictos socioambientales.

2. Reconozca la especial vulnerabilidad de las comunidades ante los megaproyectos que afectan a su territorio.

3. Ponga fin a la impunidad por las agresiones recibidas por las comunidades locales en zonas de conflictos socioambientales, y en concreto en los casos referidos de la región del Quiché.

4. Respete la vida, la integridad física y el conjunto de sus derechos a los habitantes de El Regadío y al cooperante español Ricardo Busquets.

Atentamente,

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad – Universidad Politécnica de Catalunya (GIDHS)

Dr. Javier Álvarez del Castillo

Coordinador Grupo de Investigación en

Derechos Humanos y Sostenibilidad.

Càtedra UNESCO en Sostenibilitat UPC Cataluña

e-mail: derechoshumanos@edpac.org