Saludamos y apoyamos las reivindicaciones que con gran esfuerzo y dignidad están exponiendo en esta marcha el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comunidades del Norte, Oriente y Occidente de Guatemala por la Defensa de la Madre Tierra, contra los Desalojos, la Criminalización y por el Desarrollo Rural Integral.

La situación de las comunidades indígenas donde están asentados los pueblos originarios de Guatemala, se está agravando y conflictivizando día a día en la medida que la Madre naturaleza y los bienes que contiene es acaparada y explotada sin control por grandes empresas en función de intereses ajenos y externos a las comunidades. Se viene reconcentrando la tierra en los últimos diez años en grandes empresas para destinarla a la producción extensiva de agro-combustibles. Lo mismo sucede con la ocupación de amplios territorios por parte de grandes hidroeléctricas y de explotación minera que se imponen con el pretexto del desarrollo y del empleo. Este empleo y desarrollo nunca llegan para la población y el poco que llega es sumamente precario y desprotegido, sin respeto a los derechos laborales elementales regulado en distintos tratados.

Estas políticas apoyadas por el gobierno, y distintas entidades financieras reducen los territorios donde vivir, trabajar y garantizar el derecho a la alimentación para la población. Por otro lado destruyen la vida de las comunidades. Estas políticas son violatorias de los derechos de los pueblos originarios y discriminan a las comunidades en su propia tierra. Y cuando estas se organizan y exigen sus derechos son perseguidas, desalojadas violentamente y criminalizadas. Esto es inaceptable, tiene que ser atendido y resuelto. Las comunidades y las organizaciones tienen derecho a hacer consultas y participar en la decisión sobre el destino de los bienes naturales que el convenio 189 de la OIT les garantiza.

Esta marcha ejemplar es un grito y clamor por la tierra, por el desarrollo rural integral, por la solución pacifica y en derecho de una conflictividad agraria que las comunidades campesinas y las organizaciones no han generado. Es una marcha para hacer oír sus derechos y buscar soluciones reales, creíbles y sostenibles.

El actual gobierno y la institucionalidad creada desde los Acuerdos de Paz, debe asumir un papel activo en la solución de estos reclamos y la conflictividad agraria. La sociedad en conjunto esperaría que no se atrase más esta agenda y que se resuelva en el marco del respeto a los derechos de las comunidades. Si solamente se miran, defienden y garantizan los intereses de los empresarios de siempre y de los inversionistas, no se va a resolver la conflictividad agraria y social que es el centro de la demanda de esta marcha. Una forma concreta de manifestar la voluntad de avanzar en la solución a esta demanda es que desde el Congreso se resuelva de una vez por todas la Ley de Desarrollo Rural Integral que resume muchas de las pacificas pero irrenunciables reivindicaciones de la población rural de

Guatemala Marzo 2012