Dos nuevas injusticias clavadas en el corazón del Valle del Polochic

Laura Hurtado Paz y Paz
Abril de 2017

Desde 2011, cuando ocurrieron los desalojos violentos de 14 comunidades q’eqchi’es, se hizo evidente que el Valle del Polochic es un territorio atravesado por profundas injusticias e incesantes luchas sociales. En 2002 inició el acaparamiento moderno de tierras por parte de unas pocas empresas y en 2005, cuando la expansión de la palma aceitera y el cultivo de caña de azúcar ocurrieron, académicos y defensores de derechos humanos advertimos que decenas de comunidades establecidas en el valle y en las montañas aledañas estaban perdiendo dramáticamente acceso a la tierra. Muchas de estas comunidades nunca han contado con tierra en propiedad a pesar de haberla posesionado y trabajado desde tiempos inmemoriales y de haberla demandado y gestionado ante las instituciones agrarias del Estado desde los años 70, ¡hace ya casi medio siglo! Otras, que habitan zonas menos aptas para la agricultura, habían tenido hasta entonces posibilidades de arrendar alguna pequeña parcela en el valle para producir granos básicos para la subsistencia de sus familias. Esas puertas ahora están cerradas.

No es sorprendente, pues, que año con año, y principalmente cuando se acercan las lluvias, nuevas familias –integradas en su mayoría por parejas muy jóvenes y niños de corta edad—, busquen un pedazo de tierra no cultivado, abandonado o de fincas que se sabe están en litigio o han sido mal habidas, para sembrar sus milpas. La Secretaría de Asuntos Agrarios sabe bien de ello pues da seguimiento a trámites y negociaciones con los que las comunidades buscan permanecer en esas tierras, habitarlas y cultivarlas en paz y con un horizonte de futuro.

En este marco ocurren dos nuevas injusticias sobre las cuales el Estado está obligado a actuar. La primera, la captura y el encarcelamiento injustificado por tres meses ya de Abelino Chub Caal, fundamentados en denuncias falsas, en hechos y supuestos delitos inventados, que nunca ocurrieron y que no han sido probados. Abelino es un joven q’eqchi’ trabajador de la Fundación Guillermo Toriello, egresado como Perito en Turismo Sustentable con enfoque de género del Instituto Particular Mixto “Ak Tenamit” y estudiante universitario con pensum cerrado de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Rafael Landívar con sede en Cobán. Dos compañeros suyos, también defensores de derechos humanos, fueron asesinados cinco años atrás en la comunidad Quebrada Seca de Livingston. Contrastando con las acusaciones que ahora enfrenta, Abelino fue llamado en varias oportunidades atrás por las autoridades municipales y empresarios locales para jugar el papel de mediador en conflictos de tierras. Abelino es en realidad un preso político.

La segunda injusticia, la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la jueza competente en el Caso conocido como “Sepur Zarco”. Las doce mujeres víctimas de violación y esclavitud sexual en 1982 y 1983 durante el conflicto armado interno, todavía no han sido beneficiadas por las medidas de reparación ordenadas por la jueza. Muchas de las acciones de reparación requieren que la comunidad donde residen las mujeres pueda demostrar y documente la propiedad legal sobre sus tierras. Y resulta que los maridos de estas mujeres de Sepur Zarco fueron asesinados justamente por encabezar los Comités de Tierra que demandaban títulos de propiedad ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria en los años 70. En el curso del juicio quedó expuesta la forma anómala en que estas tierras fueron otorgadas en propiedad a particulares allá en 1904. Hoy en día, para solventar este viejo conflicto, no hay sino dos caminos: anular el registro original de tal propiedad y reconocer la posesión continuada, pacífica y de buena fe que la comunidad de Sepur Zarco viene ejerciendo sobre dichas tierras por lo menos desde 1950, o bien conducir un proceso de negociación con los propietarios privados que aparecen en los libros del Registro General de la Propiedad, aunque éstos nunca hayan posesionado ni trabajado dichas tierras, para que vendan la tierra al Estado y éste pueda otorgarla a la comunidad Sepur Zarco. Pero después de un año de haberse dictado sentencia en este caso, ninguna autoridad del Estado se atreve a “ponerle el cascabel al gato”.

De manera que todos sabemos que el valle del Polochic es un polvorín por causas conocidas: el tema agrario en primer lugar; pero quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de sus pobladores no lo hacen, ni toman decisiones ni acciones para ejecutar lo que ya el Sistema de Justicia ordenó. Como sociedad no necesitamos más enfrentamientos, represión, cárcel ni sangre ni sufrimiento de quienes luchan por derechos elementales, así como tampoco de las comunidades indígenas que apenas subsisten. Necesitamos sí, un Estado que se decida –por fin— a abordar el tema agrario, fuente de tanta conflictividad y elemento básico para asegurar la subsistencia de los más pobres en el campo y hacer efectivo el combate al hambre y la extrema pobreza. Urge, pues, atender la justísima y ancestral demanda de tierra de las comunidades q’eqchi’es de esta zona del país. Y, en justicia, debe liberarse de inmediato a Abelino Chub Caal y resarcirse ya a las mujeres de Sepur Zarco. Estas son dos nuevas injusticias clavadas en el corazón del valle del Polochic, que no conseguirán detener las justas demandas sociales ni evitarán que familias misérrimas ocupen y cultiven la tierra por mera sobrevivencia.