Por: Jackie McVicar

Abelino Chub finalmente enfrentará un juicio el 22 de abril de 2019. Abelino trabajó durante muchos años ayudando a las comunidades Qeqchi a defender sus derechos sobre la tierra con la Fundación Guillermo Toriello en el turbulento Valle Polochic de Guatemala. El Valle Polochic tiene una larga historia de represión, corrupción y robo violento de tierras de las comunidades Qeqchi. La policía, los tribunales y los fiscales en el área son tristemente parciales en sus acciones que pisotean los derechos de las comunidades indígenas. Dada la fuerte presencia del narcotráfico, este es probablemente el resultado de la corrupción.

Abelino fue más visible por ayudar a las mesas de diálogo gubernamentales que reunieron a las comunidades Qeqchi con disputas por los derechos sobre la tierra junto con los funcionarios gubernamentales encargados de abordar los problemas que enfrentaban. También ayudó con casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en comunicaciones con organizaciones internacionales de derechos humanos. Abelino ayudó a la comunidad de Plan Grande a participar en una mesa de diálogo del gobierno, ayudando en la traducción y coordinación de las reuniones.

El 4 de febrero de 2017, Abelino fue arrestado. Los fiscales de El Estor afirmaron que había incitado a la comunidad de Plan Grande a usurpar la tierra y quemar palmeras africanas. Los fiscales intentaron acusarlo de usurpación, incendio intencional, conspiración criminal, coacción y formación ilegal de grupos armados. Estos cargos obligan a la detención preventiva, se han utilizado como un medio para facilitar la detención arbitraria de Abelino durante más de dos años.

Simplemente no hay evidencia creíble contra Abelino. Cuando sus abogados pudieron transferir el caso a los fiscales en la ciudad de Guatemala, el fiscal, después de revisar el caso, solicitó que se retiraran los cargos por falta de pruebas. El juez de El Estor, famoso por fallar en beneficio de estructuras criminales organizadas, se negó a desestimar los cargos.

Abelino estaba en un taller con una organización de ayuda irlandesa en el otro lado de Guatemala, cuando, después de casi un año de diálogo, la comunidad de Plan Grande decidió que había pasado suficiente tiempo hablando con una compañía en la sombra. La compañía CXI afirmó que había comprado las tierras de la comunidad a un infame comisionado militar corrupto que había maltratado a la comunidad durante los peores años de represión militar y genocidio durante el conflicto armado interno de Guatemala.

La compañía no explicó cómo la tierra que sus familias habían cultivado durante innumerables generaciones se había registrado para este hombre corrupto y brutal. Las familias Qeqchi decidieron comenzar la agricultura nuevamente. Fueron desalojados sumariamente sin investigar su reclamación previa a la tierra, una ilustración horrorosa del sesgo de los operadores de justicia local en esta región dominada por el crimen organizado. Abelino estaba a cientos de millas de distancia y no tenía nada que ver con la decisión de las familias Qeqchi.

Este caso es un ejemplo de una tendencia creciente a tratar a la defensa de los derechos humanos como un delito, acusando a los defensores de acciones sobre las que no tienen control y que, en cualquier sistema de justicia funcional, no serían considerados un delito. El cargo de conspiración criminal, que ordena la detención preventiva, se aplica cada vez más en estos casos para lograr la detención arbitraria de los defensores de los derechos humanos.