“Sobre la base de una profunda investigación

que hemos realizado, teniendo en cuenta las definiciones

de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,

con gran consternación, la CEH concluye que,

en el marco de las operaciones contrainsurgentes entre el 1981 y 983,

en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala

cometieron  actos de genocidio en contra del pueblo maya”

(Sr. Christian Tomuschat, coordinador del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico).

Al conmemorar el Día de la Dignificación de las Victimas del Conflicto Armado Interno, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas,  y   con los hombres, mujeres, niños y niñas que, por distintas circunstancias, sufrieron penalidades incalculables durante la guerra que vivió Guatemala en el siglo pasado. Especialmente, nos solidarizamos y acompañamos el trabajo de todos aquellos y aquellas que sin temor y sin descanso luchan por la dignificación, reparación y justicia especialmente de  las comunidades mayas, víctimas del Genocidio.

Nuestra solidaridad hoy con los lideres  y organizaciones sociales que desde la memoria inclaudicable defienden los intereses de los pueblos; y siguen luchando  contra “la estructura y las naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales, así como el racismo y el cierre de los espacios de participación, factores que determinaron el origen del enfrentamiento armado”  según lo constata  el Coordinador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico al entregar su informe a la sociedad  guatemalteca.

Un informe que debiera sacudir la conciencia de nuestra sociedad.

Estamos cumpliendo trece años  de la  entrega a la sociedad guatemalteca de los resultados de la investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Este informe conmovió al mundo, sacudió a la mayor parte de nuestra sociedad y nos comprometió  en la búsqueda de “la  verdad, la justicia, la reparación y el perdón como los pilares de la consolidación de la paz y la reconciliación  nacional”.

Si embargo hasta la fecha dicho informe no ha calado y ha esclarecido la conciencia de nuestra sociedad como debiera, especialmente en los jóvenes. Desde grupos de poder se distorsiona y se   ocultan las explicaciones sobre las raíces y los hechos del conflicto, expuestas con una lucidez histórica inapelables. El Programa Nacional de Resarcimiento que sintetiza sus compromisos del Estado guatemalteco  se aleja de los objetivos para los cuales fue creado.

Algunos grupos de exagentes del estado y de grupos económicos   atacan, desconocen o se distancian  de la verdad expuesta en dicho informe con transparencia  y objetividad inapelables. Pretenden revertir lo irreversible y ponen obstáculos  por medio de acciones mediáticas y jurídicas fuera de contexto al conocimiento de la verdad. Quieren desviar por caminos tortuosos la justicia que emanan del mismo.

Reparación integral

Nos sumamos a las voces  de organizaciones que demandan  que el Programa Nacional de Resarcimiento  (PNR)  reoriente sus objetivos con la intervención y consulta a las víctimas del conflicto armado interno, para que exista una verdadera reparación integral. Esperamos que sea un instrumento que trabaje seriamente en la dignificación y no la utilización de las víctimas. Se requiere de personas idóneas para llevar a cabo este propósito y no intereses políticos partidistas. Vemos con suma preocupación cómo el PNR ha ido abandonando la aplicación de la política de resarcimiento colectivo integral, y que su funcionamiento ha ido en detrimento de las víctimas.

Se requiere del Congreso de la República que agende y apruebe la ley del Programa Nacional de Resarcimiento, incluyendo las observaciones remitidas por las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil tomando en cuenta los lineamientos y estándares internacionales en materia de reparación por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Que apruebe la iniciativa de ley 3590 para la creación de la Comisión de Búsqueda de personas Víctimas de Desaparición Forzada.

Exigimos al gobierno de Guatemala  que abra y no restringa las fuentes y archivos de información pública para conocer la verdad y así  agilizar el camino a la justicia.

Solidaridad con las organizaciones sociales y comunitarias

Finamente manifestamos la preocupación  por las amenazas contra organizaciones sociales y comunitarias que fieles a la memoria  hoy defienden los bienes de sus  territorios y exigen su derecho a ser parte de las decisiones sobre su destino. No se puede restringir ni reprimir los derechos de los pueblos. No se puede contraponer el desarrollo nacional  al cumplimiento de los derechos  humanos  económicos sociales y culturales de las personas y de los pueblos. Ambos se complementan. Cuanto más ejercicio y cumplimiento  de los mismos, más desarrollo para los pueblos de acuerdo a los índices del desarrollo humano.

En el aniversario de una fecha  tan fundamental  para la dignificación de las Victimas de Conflicto, se pueden abrir  caminos para  la reconciliación  y consolidación de la paz en nuestra sociedad por medio de la verdad, la reparación y la justicia que pueden tener nuevas oportunidades si hay una voluntad clara  y decida del gobierno de la república en avanzar en estos procesos y una sociedad civil  que cada día esclarezca su conciencia sobre lo ocurrido en el pasado, se movilice y presione para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Guatemala, 24 de febrero 2012.